Un paro nacional de 72 horas convocado por la Asociación de Profesionales del PAMI (APPAMIA) mantiene paralizada la atención de médicos de cabecera y odontólogos en todo el país. La medida de fuerza expone de manera cruda el deterioro salarial y prestacional que afecta tanto a los trabajadores de la salud como a miles de jubilados, en medio de paritarias frustradas y un reclamo urgente de recomposición de los honorarios oficiales.
El conflicto se profundizó tras el fracaso de las negociaciones con las autoridades del organismo, encabezadas por Esteban Leguizamo. Desde el gremio denunciaron que la Resolución 1107/2026 redujo más del 50% el ingreso real de los profesionales, obligándolos a sostener la infraestructura de los consultorios de su propio bolsillo. Frente a la propuesta oficial de fijar la cápita mensual en apenas $3.000 por paciente, la respuesta fue un rechazo contundente por considerarla insuficiente ante el desfasaje inflacionario.
En Entre Ríos, la huelga impacta de lleno en los adultos mayores, mientras gremios locales como ATE advierten sobre un vaciamiento progresivo del sistema con baja de prestadores y farmacias. Aunque en ciudades como Concepción del Uruguay la adhesión es parcial, las cancelaciones de turnos y el bloqueo de órdenes médicas electrónicas complican el acceso a la atención básica. Este escenario reabre el debate sobre las prioridades de gestión y la urgencia de reestructurar una obra social clave para la dignidad de la clase pasiva.
