En un hecho que marca un hito institucional en la ejecución de condenas por delitos contra la administración pública en Entre Ríos, la Fiscalía de Estado concretó este lunes la toma de posesión de los bienes decomisados al exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez. El procedimiento se llevó a cabo en los galpones de calle Racedo al 400 en Paraná, donde funcionaba la firma TEP SRL, una imprenta montada al amparo del poder político que operó mediante créditos de privilegio y contrataciones irregulares financiadas con fondos públicos.
Durante la diligencia, el fiscal de Estado Adjunto, Martín Rettore, recibió por parte de la defensa las llaves de dos inmuebles unificados, además de vehículos comerciales —entre ellos un camión Ford F4000D y un furgón Citroën Berlingo—, motocicletas, equipamiento informático de alto rendimiento y un plotter de impresión de grandes dimensiones. Todos estos elementos, utilizados formalmente en la trama delictiva investigada en el marco de la causa «imprentas», pasarán a la órbita del Poder Ejecutivo provincial para evaluar su reasignación a organismos oficiales o su aprovechamiento operativo.
La medida administrativa responde al cumplimiento estricto de la sentencia dictada en abril de 2022 tras el histórico «megajuicio», en el cual el tribunal ratificó las penas de 8 años de prisión para el exgobernador Urribarri y de 6 años y medio para Báez y Aguilera, sumadas a las inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos. Tras años de tramitación procesal, la recuperación efectiva de estos activos por parte del Estado representa un paso clave para hacer valer la restitución patrimonial exigida por la sociedad ante los perjuicios ocasionados por la corrupción.
