En el marco de su gira por Francia, el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó el lanzamiento del programa de «ciudadanía por inversión», una iniciativa orientada a otorgar la nacionalidad argentina a ciudadanos extranjeros a cambio de fuertes desembolsos de divisas. Durante la presentación realizada en la Embajada argentina en París, el funcionario defendió la medida argumentando el interés de mercados globales y definió al país como un polo de atracción financiera, confirmando que la recepción de solicitudes comenzará formalmente en el último trimestre de 2026.
El esquema requiere que los aspirantes realicen un aporte no reembolsable de US$350.000 directamente al Tesoro Nacional o bien la suscripción de títulos públicos específicos por un piso de US$800.000. La normativa contempla la extensión de la ciudadanía a cónyuges e hijos mediante montos adicionales que van desde los US$25.000 hasta los US$100.000, permitiendo que un grupo familiar tipo pueda acceder a la nacionalidad con un desembolso estimado en medio millón de dólares, con el objetivo explícito de captar divisas frescas de forma inmediata.
Aunque desde el Ejecutivo aseguran que el trámite estará sujeto a fiscalizaciones de la SIDE, la UIF y Seguridad para evaluar la trazabilidad del dinero y los antecedentes reputacionales, el programa enciende severas advertencias sobre los riesgos de lavado de activos y comercialización del pasaporte nacional. La creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión deja al descubierto una urgencia fiscal que apela a mecanismos controversiales para atraer fondos del exterior en un contexto de vulnerabilidad económica.
