A través del Decreto 1126/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó una nueva postergación en la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono, trasladando sus efectos para el mes de noviembre. La medida posterga los incrementos remanentes acumulados correspondientes a los períodos 2024, 2025 y los dos primeros trimestres del año en curso, aplicables sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil en todo el territorio nacional.
Desde el Ejecutivo justificaron la decisión bajo el argumento de no resentir el consumo y acompañar el proceso de desaceleración inflacionaria dentro de un sendero fiscal sostenible. Esta maniobra oficial busca evitar trasladar de forma directa a los surtidores la presión internacional sobre los precios energéticos impulsada por las tensiones en Medio Oriente, así como absorber los recientes retoques aplicados directamente por las empresas petroleras.
El diferimiento sistemático de este tributo —que desde mediados de 2024 se viene desdoblando de manera intermitente— refleja las dificultades del Gobierno para sostener la recaudación sin resentir los precios al consumidor. De acuerdo con datos de la consultora Economía y Energía, las postergaciones acumuladas durante 2025 implicaron una resignación fiscal superior a los 2.300 millones de dólares, exponiendo el delicado equilibrio entre las metas fiscales y el impacto en el bolsillo.
