El Departamento de Estado de los Estados Unidos dispuso severas sanciones contra altos funcionarios, magistrados y fiscales del Poder Judicial boliviano, incluyendo de manera explícita al fiscal general Roger Mariaca Montenegro, por presunta colaboración con estructuras del crimen organizado y recepción de sobornos para el favorecimiento del narcotráfico. La determinación internacional implica la revocación inmediata de visas y la prohibición de ingreso al territorio estadounidense tanto para los involucrados como para sus familias, en el marco de una política de presión directa impulsada por la administración norteamericana contra la corrupción institucional en la región.
Las acusaciones pesan directamente sobre la gestión de Mariaca, nombrado en 2024 bajo la administración de Luis Arce y con mandato proyectado hasta 2030, a quien los organismos de inteligencia vinculan con la cobertura otorgada a redes delictivas complejas, entre las que destaca el caso del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Mientras el fiscal sancionado calificó la medida como un acto de injerencia sobre las decisiones soberanas del país, las repercusiones alcanzaron a un nutrido listado de jueces y exministros, dejando al descubierto entramados opacos en el ejercicio de la función pública boliviana.
Frente al avance de las sanciones diplomáticas, el gobierno del presidente Rodrigo Paz manifestó a través de las carteras de Defensa y Gobierno que los imputados deberán responder ante la justicia ordinaria. La encrucijada institucional exige ahora una definición clara por parte de los poderes del Estado en Bolivia para depurar las estructuras judiciales cuestionadas y reordenar las relaciones bilaterales con la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico.
