En un nuevo escenario de alta fricción geopolítica que impacta de lleno en los mercados globales de la energía, el gobierno de Irán emplazó a la administración de Estados Unidos a responder formalmente a un plan de siete días para destrabar el tránsito estratégico en el estrecho de Ormuz. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, manifestó su abierta desconfianza hacia la diplomacia de Washington ante la continuidad de sanciones y ataques militares, pero sostuvo que el diferendo debe canalizarse mediante la negociación institucional y no por la vía de la fuerza.
La propuesta articulada por Teherán condiciona la reapertura del estratégico paso marítimo a un cese del fuego en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval norteamericano, la quita de sanciones a las exportaciones de petróleo y la liberación de 12.000 millones de dólares en activos financieros congelados. Como contrapeso, las autoridades persas abrieron la puerta a recibir auditorías e inspecciones del programa nuclear por parte de expertos de la ONU, reafirmando que no buscan el desarrollo de armamento atómico.
Sin embargo, el tono componedor del Ejecutivo contrasta con las duras advertencias del brazo militar de la República Islámica. Desde la Guardia Revolucionaria remarcaron que continuarán aplicando medidas de fuerza contra los intereses navales de Washington en el Golfo hasta que se acaten las demandas soberanas del país. Frente a las versiones que señalan un rechazo inicial por parte del presidente Donald Trump, la comunidad internacional aguarda una definición que evite una escalada mayor en una ruta clave para el comercio hidrocarburífero.
