El entramado productivo de Entre Ríos reaccionó con firme respaldo a la decisión del Ejecutivo provincial de declarar el estado de emergencia y desastre agropecuario frente a los devastadores efectos del fenómeno climático El Niño. La medida, formalizada mediante el Decreto Nº 3692, apunta a otorgar cobertura urgente a ganaderos y apicultores que operan en las zonas de islas y terrenos anegadizos de la cuenca fluvial. Desde las principales organizaciones del sector destacaron la celeridad institucional para otorgar un marco de diferimiento tributario e impositivo que aliviane los abrumadores costos logísticos derivados de las crecidas.
Dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA), Fedeco, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Farer coincidieron en que el decreto constituye un instrumento clave para afrontar una evacuación de hacienda que se presenta compleja y costosa. Referentes del sector remarcaron que el avance del agua no solo destruye la capacidad productiva directa, sino que multiplica los gastos de traslado, arrendamiento de campos de recambio y venta forzosa de ganado. Por ello, consideraron acertada la exención temporal del impuesto inmobiliario rural como un alivio necesario ante un escenario ambiental que amenaza con ser uno de los peores registros de las últimas décadas.
No obstante el acompañamiento a la gestión provincial, las entidades rurales advirtieron que el plan de contención quedará incompleto si no se logra la homologación inmediata a nivel nacional. La activación de los beneficios de la Ley Federal 26.509 resulta prioritaria para destrabar prórrogas en los compromisos fiscales de la agencia recaudadora y habilitar líneas de crédito extraordinarias. Frente a un impacto económico que compromete la sustentabilidad de la producción entrerriana, el agro exige que el acompañamiento del Estado se traduzca de forma urgente en herramientas financieras operativas.
