La crisis bancaria provocada por la quiebra e intervención del Ueno Bank alcanzó su punto de máxima tensión institucional con el inicio del tratamiento del juicio político al presidente de Paraguay, Santiago Peña. En un giro determinante para la gobernabilidad regional, el propio Partido Colorado —liderado por el expresidente Horacio Cartes— resolvió acompañar el pedido de destitución en la Cámara de Diputados bajo el argumento de reencauzar la institucionalidad. La medida parlamentaria busca dar respuesta a la indignación social por el Virtual «corralito» que dejó sin acceso a sus fondos a más de tres millones de ahorristas en todo el territorio vecino.
Durante un plenario cargado de tensión y cánticos cruzados, legisladores tanto del oficialismo como de la oposición expusieron duras acusaciones contra el jefe de Estado, señalándolo como el responsable político directo de lo que calificaron como la mayor estafa del siglo en ese país. Los discursos remarcaron el quiebre absoluto de la confianza en el sistema financiero, cuestionando el crecimiento patrimonial no justificado del mandatario y los nexos directos con Ueno Holding, el conglomerado empresario al que pertenecía la entidad intervenida tras registrar índices de solvencia inferiores al 50% de lo exigido por el Banco Central.
El colapso de la firma bancaria no solo afectó a miles de trabajadores, jubilados y pequeñas empresas, sino que salpicó de lleno a la administración pública al detectarse millonarios fondos estatales depositados en la entidad disuelta. Desde la mirada entrerriana y del Litoral, la estrepitosa caída de un modelo basado en la desregulación financiera en el país vecino funciona como un severo llamado de atención sobre los riesgos de subordinar la fiscalización del Estado ante los intereses de los grupos económicos de turno.
