El debate por la impunidad en los delitos juveniles desató un duro enfrentamiento institucional dentro del Poder Judicial. El Ministerio Público Fiscal apeló formalmente la resolución emitida por la jueza Laura De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad del artículo que fija en 14 años la edad de punibilidad en la Ley 27.801. Mediante dicho fallo, la magistrada sobreseyó a un adolescente detenido en flagrancia durante un intento de robo en banda, provocando una contundente reacción fiscal que incluyó el pedido expreso de su apartamiento de la causa.
La apelación, impulsada por el fiscal coordinador Mauro Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, cuestiona severamente la decisión del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3. Desde la Fiscalía General Adjunta remarcaron que el fallo carece de sustento normativo, señalando que la jueza confundió arbitrariamente la vulnerabilidad social con la responsabilidad penal y trató la antigua legislación como un «derecho adquirido», pasando por alto el marco legal vigente aprobado por el Congreso.
En su fallo, De Marinis argumentó que aplicar el castigo penal a menores de 14 años resulta «regresivo y desproporcionado», responsabilizando al «mundo adulto» por el desamparo en la primera infancia. Asimismo, desde el fuero porteño intentaron morigerar el impacto de la medida al emitir un comunicado donde sostuvieron que la inconstitucionalidad se circunscribía «exclusivamente a este caso» y bajo la polémica justificación de que el joven «desconocía la modificación legislativa» que bajó la edad de imputabilidad.
El sobreseimiento generó un inmediato repudio político y social por la discrecionalidad interpretativa de la magistrada. Referentes del Ejecutivo remarcaron que el rol de los jueces debe limitarse a aplicar la ley ratificada por los representantes del pueblo, en lugar de legislar desde el estrado. Con la apelación ya en marcha, el expediente pasa a una instancia superior para definir si se restituye la aplicación estricta del Régimen Penal Juvenil o si se convalida un antecedente de fuerte impacto institucional para la seguridad pública.
