En medio del vertiginoso desenlace de la crisis política que sacude a la República del Paraguay, el Gobierno argentino desmintió de forma tajante las versiones periodísticas y los trascendidos legislativos que señalaban la supuesta huida al país del mandatario paraguayo, Santiago Peña. El pronunciamiento oficial de la Casa Rosada buscó desactivar la escalada de rumores iniciada tras las declaraciones de la diputada del país vecino, Johana Ortega, quien solicitó formalmente ratificar si el jefe de Estado había cruzado la frontera sin la debida autorización constitucional.
Fuentes del Ejecutivo nacional aseguraron que no existe registro alguno de ingreso, solicitud de asilo ni gestiones diplomáticas para el traslado de Peña hacia Argentina. No obstante, dada la gravedad institucional del escenario en el país limítrofe, las autoridades nacionales dispusieron un operativo de monitoreo permanente sobre la franja fronteriza compartida con Paraguay y Brasil a través de la Dirección Nacional de Migraciones.
Desde la cartera de Seguridad confirmaron que se emitieron directivas precisas a los pasos limítrofes para recibir partes informativos cada media hora con el objetivo de fiscalizar cualquier movimiento de relevancia institucional. La vigilancia estricta sobre las fronteras se mantendrá mientras se resuelve el marco de sucesión y gobernabilidad en Asunción, en un contexto de alta tensión regional que sigue de cerca todo el arco político de la cuenca del Paraná.
