El Ejecutivo provincial envió formalmente un proyecto de ley a la Legislatura con el objetivo de obtener el aval institucional necesario para concretar la reorganización societaria del sistema financiero que opera en la región. La iniciativa contempla una compleja fusión por absorción impulsada por el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., entidad que se perfila como la continuadora universal tras absorber tanto al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. como al Banco de San Juan S.A., un proceso que ya cuenta con el visto bueno preliminar del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El núcleo del debate legislativo se centra en dos condiciones determinantes elevadas por la administración provincial: garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios como Agente Financiero y Caja Obligada del Estado, y autorizar formalmente que la futura casa central de la entidad resultante se radique en territorio santafesino. Ante las suspicacias generadas por el traslado de la sede principal, el oficialismo remarcó en el texto que la operatividad, el nivel de atención, las fuentes laborales y la cobertura territorial de sucursales y cajeros automáticos en suelo entrerriano se mantendrán intactas bajo una nueva denominación comercial.
Si bien la Secretaría Legal y Técnica dictaminó que el Ejecutivo poseía facultades jurídicas suficientes para resolver la medida en sede administrativa, se optó por la vía parlamentaria debido a la envergadura institucional de la decisión. Al tratarse del depositario del Tesoro Provincial y el pagador de sueldos de toda la administración pública, las autoridades consideraron imperioso blindar el acuerdo con un riguroso debate y respaldo legislativo transversal que asegure previsibilidad contractual a largo plazo.
