El Ministerio de Defensa de Bolivia activó un operativo de contención e investigación preliminar tras registrarse una serie de detonaciones en dependencias asociadas al almacenamiento de material explosivo. Mientras los reportes oficiales intentan acotar el impacto del suceso, la opacidad sobre el volumen de insumos acopiados y las fallas en los protocolos de seguridad militar ponen en el foco de la tormenta la gestión de la infraestructura estatal.
Las primeras evaluaciones del organismo estatal reconocen que aún no hay precisión sobre la cantidad exacta de insumos afectados, el origen del siniestro ni la cuantía total de los daños materiales, en un episodio que reaviva los cuestionamientos sobre el control interno en las fuerzas armadas.
Dos impactos y contradicciones sobre el origen del fuego
El ministro de Gobierno, Justiniano, detalló la secuencia del evento al confirmar la ocurrencia de dos explosiones consecutivas. Según el funcionario, el primer estallido involucró pólvora negra perteneciente a material pirotécnico depositado en el área. No obstante, la gravedad del escenario se elevó minutos después con una segunda detonación de magnitud sensiblemente mayor, cuya naturaleza técnica aún se encuentra bajo peritaje.
Pese a la violencia del segundo impacto, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado buscando bajar la tensión al descartar la detonación de material de armamento bélico, aunque la violencia de la onda expansiva mantiene en vilo a las áreas urbanas linderas.
Causa penal abierta y presión política sobre las responsabilidades
Ante el impacto público, el presidente Rodrigo Paz se pronunció públicamente para comprometer una investigación minuciosa, técnica y transparente que determine el nivel de cumplimiento de las normas de seguridad y deslinde responsabilidades en la cadena de mando.
Por su parte, la Fiscalía ordenó el despliegue de peritos en la zona siniestrada y formalizó el inicio de una causa penal bajo las carátulas de:
- Homicidio culposo
- Lesiones culposas
- Estragos graves
Las labores de búsqueda de eventuales víctimas, remoción de escombros y atención médica a los heridos concentran el operativo prioritario, mientras la justicia busca esclarecer si se trató de una falla operativa o de un cuadro de negligencia institucional en el manejo de sustancias peligrosas.
