El Gobierno de Entre Ríos encendió las alarmas ante el marcado incremento de la litigiosidad laboral en la provincia e impulsará de manera prioritaria la reforma del Código Procesal Laboral en la Legislatura provincial antes del receso estival. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó la decisión oficial de alinearse con los esquemas de la Región Centro —junto a Córdoba y Santa Fe— mediante un proyecto elaborado en conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y el IAPSER. La iniciativa busca corregir desequilibrios en el sistema judicial que, según la gestión provincial, condicionan la previsibilidad económica y la generación de empleo en la región.
El eje central de la propuesta contempla la creación de un cuerpo médico pericial especializado dentro del fuero judicial, cuyos integrantes percibirán salarios fijos. De este modo, la gestión provincial busca eliminar el sesgo actual en el que la regulación de honorarios profesionales queda sujeta al porcentaje de incapacidad propuesto en el litigio. Según los registros de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Entre Ríos se posiciona como la segunda provincia con mayor índice de litigiosidad del país, registrando un pico de crecimiento del 38% en la apertura de nuevos juicios por riesgos del trabajo entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.
Tras agotar instancias de acuerdo sin lograr un consenso de partes, el Ejecutivo optó por la vía legislativa para garantizar previsibilidad jurídica, revisar las pautas de apelación —que hoy exigen depósitos en garantía elevados— e instaurar instancias de conciliación más estrictas. Troncoso remarcó que el objetivo es desarticular un proceso que terminó desbalanceando las relaciones laborales en perjuicio de quienes generan empleo. Asimismo, en el marco de las conversaciones por el ordenamiento administrativo provincial, la gestión dejó abierta la posibilidad futura de implementar un programa de retiros voluntarios.
