En medio de una creciente demanda social por el estado del sistema educativo, el Gobierno de Entre Ríos informó una inversión de casi 60.000 millones de pesos destinada a la infraestructura escolar durante los primeros 32 meses de gestión.
El paquete presupuestario promete dar cobertura a la mitad de los establecimientos de la provincia, aunque los números abren el debate sobre si la asignación presupuestaria responde a una planificación estructural o al urgente saneamiento del deterioro acumulado.
Según el informe estadístico presentado por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se registran 600 intervenciones edilicias distribuidas en los 17 departamentos de la provincia. De ese universo, 310 obras figuran como finalizadas, 56 continúan en ejecución, 26 se encuentran en proceso de adjudicación y 7 en etapa de licitación. En términos monetarios, el desembolso administrado entre la cartera de Planeamiento, la CAFESG y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) asciende exactamente a $59.974.255.628,39.
Grandes cajas y obras clave
El desglose de los fondos evidencia concentraciones presupuestarias de magnitud en puntos urbanos estratégicos:
- Técnica N° 4 (Paraná): Ampliación con un presupuesto superior a los $2.579 millones (53,7% de avance).
- Secundaria N° 1 Quirós (Rosario del Tala): Edificio nuevo asignado por más de $2.192 millones (92% de avance).
- Técnica N° 1 (Gualeguay): Refuncionalización por un monto de $2.022 millones (88% de avance).
- Obras en ejecución regional: Intervenciones de más de $1.000 millones cada una en Federal (Secundaria N° 11), Diamante (Escuela N° 1) y San Justo (Técnica N° 7).
Entre el mantenimiento diario y las promesas oficiales
A la par de las obras sujetas a licitación pública, el informe destaca el accionar de cuadrillas operativas desplegadas por el Consejo General de Educación y el MPeI, responsabilizadas de 200 intervenciones menores bajo un promedio anunciado de una escuela atendida por semana.
Si bien el discurso oficial remarca que el plan alcanza a más de 165.000 estudiantes e involucra de forma integral a escuelas rurales, técnicas y jardines de infantes, la fiscalización sobre los plazos reales de entrega y la calidad de los materiales sigue bajo la lupa de las comunidades educativas locales, en un contexto económico donde el gasto público exige máxima transparencia.
