El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso ratificó la profundización del recorte sobre el sistema universitario y la estructura científica del país. La pauta presupuestaria asigna a las universidades nacionales 7,34 billones de pesos, un monto que queda casi un 30% por debajo de los 11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) catalogó como el piso mínimo para garantizar el funcionamiento básico de las casas de altos estudios, donde el desfinanciamiento ya impacta de lleno en salarios, infraestructura y becas.
La tijera oficial también alcanza con dureza a los organismos de desarrollo tecnológico e investigación. Mientas entes como el CONICET, la CNEA y la Agencia I+D+i recibirán incrementos atados a un escenario inflacionario del 18% —sin recuperar el 35% de capacidad adquisitiva perdido desde finales de 2023—, instituciones clave para la cadena productiva sufrirán caídas nominales directas: el INTA enfrentará un recorte del 12,4% y el INTI del 5,2%. La tijera acumulada en términos reales sobre estos organismos roza el 43% y el 49% respectivamente, dejando en jaque la asistencia técnica y el desarrollo industrial en provincias agroproductivas como Entre Ríos.
Para sumar tensión al conflicto universitario, el articulado del Presupuesto incluye una cláusula que faculta al Poder Ejecutivo a congelar de forma unilateral las transferencias si las casas de estudio no rinden cuentas directamente ante el Ministerio de Capital Humano. La medida reabrió la alarma en la comunidad académica por la vulneración de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución, configurando un escenario de alta conflictividad política y social de cara al debate legislativo.
