El Ejecutivo nacional ingresa este martes al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, blindado bajo la premisa innegociable del déficit cero. Sin embargo, detrás del discurso de austeridad y la previsión de variables macroeconómicas desinflacionarias, la Casa Rosada despliega una diplomacia de billetera fina: las obras públicas destinadas a las provincias no serán una concesión gratuita, sino la moneda de cambio para garantizar los votos necesarios en el recinto.
En el caso de Entre Ríos, la gestión de Rogelio Frigerio aguarda la confirmación de proyectos clave en las planillas anexas, tales como las obras de agua potable en Concordia, la ampliación del sistema en Diamante y las redes cloacales en Villaguay. No obstante, la inclusión en los papeles no asegura su ejecución ni el financiamiento total por parte de la Nación, dejando a las administraciones provinciales ante el dilema de respaldar el esquema del Central o quedar fuera del reparto de infraestructura básica.
El presidente Javier Milei optó por no asistir al recinto a defender la iniciativa, delegando la contención política en la bancada oficialista tras una extensa reunión de alineamiento interno. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, promete una «desaceleración significativa» de los precios y una eventual baja de la presión tributaria a mediano plazo, el costo del ajuste inmediato vuelve a trasladarse a las provincias. La discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda pondrá a prueba la resistencia de los gobernadores dialoguistas y medirá hasta qué punto el equilibrio fiscal de la Nación se sostiene a expensas de las necesidades del interior.
