El Congreso de Brasil aprobó de manera casi unánime una histórica pero controversial reforma que reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, incorporando un segundo día de descanso remunerado sin recorte de haberes. La sanción en el Senado —que contó con 75 votos a favor y solo uno en contra— se concreta en el tramo definitivo de la campaña electoral para el balotaje presidencial, transformando una reivindicación social en el epicentro de la disputa política entre el oficialismo y la oposición conservadora.
La iniciativa beneficiará a unos 22 millones de trabajadores que actualmente se desempeñan bajo el régimen de seis días de labor por uno de descanso (6×1), implementándose de forma gradual mediante un período de transición a 42 horas en el primer año. Sin embargo, el proyecto reavivó los contrapuntos con las cámaras patronales y sectores de la industria, desde donde alertan que el incremento del costo por hora trabajada podría desincentivar la contratación formal y comprometer la estabilidad de más de un millón de puestos de empleo.
El desenlace legislativo dejó al descubierto la especulación política en ambas veredas del espectro electoral: mientras el gobierno celebró la medida como un triunfo popular frente al modelo de desregulación que impulsa la derecha, la bancada conservadora modificó su postura inicial a días de los comicios ante la presión de las movilizaciones callejeras. La ley expone la disputa de fondo entre las demandas históricas de los trabajadores y los condicionantes del mercado productivo regional.
