En una controvertida resolución de alto impacto geopolítico, la Justicia del estado de Florida dio un paso inédito al librar una orden de arresto internacional contra el exmandatario cubano Raúl Castro, de 95 años. La jueza principal del Undécimo Circuito Judicial de Miami, Ariana Fajardo Orshan, halló causa probable para imputarlo por conspiración en el asesinato en primer grado de cuatro integrantes de la organización «Hermanos al Rescate». Las víctimas fallecieron en febrero de 1996 cuando sus dos aeronaves civiles fueron derribadas por aviones de combate de la fuerza aérea cubana sobre aguas del Estrecho de la Florida.
La acusación formulada por la fiscalía estatal sostiene que Castro, en su condición de entonces jefe de las Fuerzas Armadas, articuló una red clandestina de infiltración y espionaje operada desde Miami y Cayo Hueso para coordinar el ataque. Según el expediente penal, agentes encubiertos filtraron planes de vuelo y datos logísticos para facilitar el despliegue militar, violando la soberanía jurisdiccional y las leyes internacionales. Este fallo en tribunales estatales se suma a los cargos formales por asesinato y conspiración presentados en mayo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, marcando una ofensiva judicial sin precedentes en territorio norteamericano.
El avance de este proceso judicial reaviva viejas tensiones de la Guerra Fría y pone bajo la lupa la viabilidad real de juzgar a líderes extranjeros fuera del marco de los tribunales internacionales de la ONU. Mientras voceros de Florida celebran la medida como una búsqueda de rendición de cuentas tras casi tres décadas de impunidad, analistas diplomáticos advierten que la orden de captura carece de ejecutividad práctica sobre La Habana. Sin embargo, la decisión judicial consolida una dura señal política que condena las violaciones a los derechos humanos y endurece el cerco sobre la cúpula del régimen cubano.
