En el marco de la 133ª Exposición Rural de Gualeguaychú, el gobernador Rogelio Frigerio anunció una batería de medidas financieras e infraestructura para el sector agropecuario. Las entidades rurales respaldaron la creación de consorcios camineros, pero ratificaron que la crisis vial de la provincia exige soluciones inmediatas y no más promesas discursivas.
El estado crítico de los caminos rurales en Entre Ríos volvió a poner en jaque la discusión pública sobre el destino de los impuestos en la provincia. Durante el acto inaugural de la 133ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Gualeguaychú, el gobernador Rogelio Frigerio buscó dar un golpe de efecto político ante el sector productivo: anunció que destinará el 100% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural exclusivamente a la reparación, mantenimiento y equipamiento de la red vial.
El anuncio busca dar respuesta a una demanda histórica del campo entrerriano, un sector ahogado por la falta de infraestructura adecuada para sacar la producción de granos, hacienda y leche. Acompañado por autoridades nacionales como el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe Berisso, y el ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, Frigerio intentó marcar un quiebre con las gestiones anteriores: «Estamos del lado de ustedes. Cuando la política castiga al que produce, termina perjudicando a toda la provincia», aseveró el mandatario.
Según los datos oficiales presentados por el Ejecutivo provincial, actualmente se han firmado convenios para atender 3.441 kilómetros mediante el trabajo articulado con municipios, comunas y consorcios camineros. No obstante, las propias entidades del campo dejaron en claro que el presupuesto es solo una parte de la ecuación y que la eficiencia en la ejecución del gasto será el verdadero termómetro de la gestión.
El respaldo condicionado de las entidades y el reclamo por un cambio de sistema
Desde las tribunas gremiales del campo, el mensaje hacia la Casa de Gobierno combinó señales de acompañamiento con firmes exigencias institucionales. Eduardo Calot, presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, exigió formalmente que el Gobierno provincial adopte la propuesta elaborada por las entidades rurales para reestructurar de manera integral el sistema de administración de los caminos de la producción.
En la misma línea, el titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Sergio Dalcol, valoró la apertura al diálogo del Ejecutivo, pero remarcó que las intenciones deben materializarse urgentemente en un marco legislativo provincial que garantice la gestión mixta de las trazas viales y herramientas contundentes para frenar los delitos rurales.
Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, reconoció el gesto fiscal del gobierno entrerriano al transparentar el uso del impuesto inmobiliario, aunque no dejó pasar la oportunidad para renovar el histórico reclamo nacional del sector: la eliminación definitiva de las retenciones a las exportaciones productivas, un gravamen que continúa erosionando la competitividad de las economías regionales.
Créditos, emergencia hídrica y promesas a prueba
Además del compromiso vial, el Gobierno provincial repasó los avances de la Ley de Buenas Prácticas Fitosanitarias, el Plan de Lucha contra la Garrapata Bovina —incluyendo líneas de crédito para predios feriales— y la operatividad del Documento Único de Tránsito (DUT), el cual ya registró cerca de 300.000 autorizaciones para el movimiento de 16 millones de cabezas de ganado.
En el plano financiero y frente a las contingencias climáticas provocadas por el fenómeno El Niño, se destacó la asignación de un millón de dólares del Estado provincial para poner en marcha el primer seguro multirriesgo agropecuario destinado a productores maiceros, además de financiamiento internacional conseguido por más de 320 millones de dólares para obras de conectividad.
El mapa económico de Entre Ríos demanda respuestas concretas. El compromiso del Ejecutivo provincial de devolver en obras cada peso abonado por el sector agropecuario fija una vara alta: los productores esperan que esta vez los tributos no se queden en la burocracia estatal y se transformen, de manera urgente, en la transitabilidad que la economía de la provincia necesita.
