En medio de una creciente tensión política y social, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se encuentra reunida en un acuerdo extraordinario convocado con llamativa premura para resolver el futuro de la Ley de Tierras. El máximo tribunal acortó plazos procesales y habilitó días y horas inhábiles para integrar a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, buscando destrabar una votación dividida entre los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mientras la protección del territorio nacional frente a capitales extranjeros se debate en este momento a puertas cerradas.
El expediente, impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas y legisladores, ataca de lleno el artículo 154 del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, mediante el cual se desmantelaron los topes a la extranjerización de tierras rurales. A diferencia del planteo del CECIM La Plata —desestimado días atrás por cuestiones de forma—, esta demanda se sostiene en derechos ambientales y de pueblos originarios, exigiendo una medida cautelar urgente que restituya las restricciones operativas que frenan el avance de compradores foráneos.
La celeridad inusual del máximo tribunal pone de manifiesto el peso de los intereses corporativos e internacionales en disputa y la urgencia del Ejecutivo por sostener a toda costa su política de desregulación. Mientras la sesión en la Cámara de Diputados presiona por la derogación del megadecreto, la decisión que adopte el Supremo Tribunal durante esta mañana será determinante para definir si prima la soberanía territorial o si se consuma la entrega irrestricta del suelo argentino.
