El Poder Ejecutivo nacional dio un nuevo paso en su estrategia de reducción del aparato estatal mediante la aprobación de un esquema masivo de retiros voluntarios destinado a la Administración Pública Nacional Centralizada. A través del Decreto 1203/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro Federico Sturzenegger, se habilitó la apertura del régimen entre el 1° y el 30 de noviembre, contemplando la posibilidad de prorrogar el trámite por 30 días más. La medida fija la obligación de eliminar de manera definitiva las vacantes y cargos presupuestarios de quienes se adhieran, profundizando la política de achicamiento de la planta de trabajadores estatales.
La normativa establece tres categorías de destinatarios segmentadas por edad, antigüedad y aportes previsionales, ofreciendo indemnizaciones en cuotas o gratificaciones únicas que van desde el 60% del salario mensual hasta montos equivalentes a 20 remuneraciones brutas. Sin embargo, detrás de la promesa de compensaciones económicas, la medida busca acelerar la desvinculación de personal en áreas clave del Estado, forzando la salida de empleados con amplia experiencia en la administración pública. Además, el decreto fija estrictas restricciones de acceso para agentes procesados, sometidos a sumarios administrativos o con demandas judiciales en curso contra la Nación.
Esta nueva avanzada del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ocurre en un contexto de creciente conflictividad laboral y desplome de los servicios públicos esenciales. Mientras los funcionarios celebran el ajuste fiscal y el recorte presupuestario como un logro de gestión, los gremios estatales advierten que la supresión sistemática de cargos destruye capacidades operativas del Estado y precariza la atención a la ciudadanía. La implementación del retiro voluntario consolida así una política de flexibilización implícita que traslada el costo del recorte presupuestario a las familias de los trabajadores.
