La concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay desató una feroz embestida por parte del gobierno israelí, que calificó la decisión del Comité Noruego como un acto que legitima el «odio contra Israel». A través de un duro comunicado de la Cancillería encabezada por Benjamin Netanyahu, el Estado hebreo cruzó duramente a la ex alta comisionada de la ONU, acusándola de liderar una campaña de «demonización» por el informe de la comisión que presidió entre 2021 y 2025, el cual concluyó la existencia de un genocidio en la Franja de Gaza.
La virulenta respuesta diplomática incluyó comparaciones con la propaganda nazi y renovó la acusación de antisemitismo que la jurista de 85 años ha desestimado sistemáticamente. Mientras Israel insiste en deslegitimar los miles de expedientes remitidos por el equipo de Pillay a la Corte Penal Internacional (CPI), el Comité Nobel intentó atenuar el impacto del conflicto aclarando que la distinción responde a la extensa trayectoria de la abogada en defensa de los derechos humanos desde la época del apartheid sudafricano y no a un dictamen judicial sustitutivo sobre la guerra en Oriente Medio.
Este cruce expone la crisis profunda del sistema multilateral y el creciente rechazo de los gobiernos señalados a someterse al escrutinio de organismos internacionales. Con una carrera iniciada en los tribunales que juzgaron el genocidio de Ruanda y la represión en Robben Island, la premiación a Pillay deja al descubierto la fractura geopolítica entre las potencias que desconocen la investigación de crímenes de guerra y las entidades que buscan mantener la vigencia del derecho internacional.
