La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó, mediante la Resolución General 5913/2026, la supresión del régimen de retención de contribuciones patronales que aplicaban las empresas al contratar personal a través de firmas de servicios eventuales. A partir de esta norma, publicada en el Boletín Oficial en el marco de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral 27.802, la obligación fiscal de retener parte de los montos facturados por sueldos y jornales queda totalmente derogada para las empresas usuarias. Con esta medida firmada por el director ejecutivo del organismo, Andrés Edgardo Vázquez, el control estatal se repliega para transferir la responsabilidad de pago directo a las agencias intermediarias.
El mecanismo abolido funcionaba como un resguardo tributario que garantizaba el destino de los fondos hacia la seguridad social, las cuotas sindicales y las cargas legales al momento de liquidar los servicios contratados. Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, el organismo fundamentó la decisión en la inaplicabilidad del sistema anterior bajo las pautas del Decreto 407/2026, argumentando una simplificación en las operaciones comerciales. Sin embargo, este viraje desregulatorio elimina una herramienta clave de fiscalización cruzada entre las compañías contratantes y las proveedoras de mano de obra, dejando al descubierto una flexibilización que beneficia de forma directa a las grandes patronales.
La eliminación de estos mecanismos de retención abre un escenario de profunda incertidumbre sobre el cumplimiento real de los aportes jubilatorios y la protección social de los trabajadores temporarios en la provincia. En un contexto signado por la pérdida de estabilidad laboral y el avance del empleo precario, la retirada de las exigencias fiscales sobre las empresas usuarias debilita la fiscalización pública en favor de la especulación empresarial. Exigir la máxima rigurosidad en los controles y la preservación de los derechos de la fuerza de trabajo resulta una demanda impostergable frente a normativas que priorizan el alivio corporativo por sobre la seguridad de la comunidad trabajadora.
