La desidia gubernamental y el desprecio por la salud pública han encontrado un nuevo hito en Entre Ríos. La Secretaría de Ambiente de la Provincia dispuso la clausura inmediata, total y definitiva del basural a cielo abierto de Pueblo Brugo, imponiendo además un sumario administrativo contra la gestión del intendente Martín Ruiz (PJ). Tras años de operar al margen de la ley a apenas 72 kilómetros de Paraná, la resolución N° 593 advierte de manera tajante que, ante cualquier intento de nuevos vuelcos, se apelará al auxilio de la fuerza pública para bloquear el paso de camiones y se formalizará una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por desobediencia a la autoridad.
Las imputaciones oficiales contra el municipio exponen una cadena sistemática de faltas graves: la operación clandestina e ilegal de un sitio de disposición final sin Evaluación de Impacto Ambiental, el volcado sobre calles públicas con napas freáticas afloradas —donde se hallaron efluentes lácteos y basura acumulada— y el daño directo sobre áreas contiguas de Bosque Nativo. Lo alarmante del caso no es solo la degradación ecológica, sino la abierta desobediencia institucional. La comuna venía ignorando órdenes de suspensión preventiva impuestas desde agosto de 2021, apercibimientos de 2022 e informes técnicos de inspección que ya alertaban sobre el desastre inminente.
Ante la inacción política de un Ejecutivo municipal que prefirió el silencio y la evasión, fueron los propios vecinos damnificados los que tuvieron que llevar el reclamo a la Justicia provincial. Tras un amparo impulsado por el ciudadano Hugo Macchi y las fallidas dilaciones del municipio —que pretendió trasladar el predio a Paraje La Piragua sin análisis de suelo ni planes de remediación—, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó un fallo categórico: declaró la «ilegitimidad manifiesta y continuada del accionar municipal» y ordenó al municipio la relocalización definitiva, el saneamiento del predio y la realización de audiencias públicas obligatorias.
